De todas las medidas antipopulares que está imponiendo, o intentando imponer, el gobierno empresarial de Ricardo Martinelli, una de las más perversas es la pretensión de aplicar una lobotomía masiva a las próximas generaciones de panameños y panameñas con la Ley 407, por la cual se quiere borrar de una vez y para siempre los cursos de «Relaciones de Panamá con los Estados Unidos» de los programas de educación media. Esa ley, prohijada por la diputada Dalia Bernal, del oficialista Cambio Democrático, y con el silencio cómplice de los diputados de «oposición» (PRD incluido), a instancias del Ministerio de Educación, pasó los tres debates de la Asamblea Nacional en el más absoluto secreto, sin consultar opiniones de ningún sector académico, ni de la sociedad civil.
Los más burdos defensores de la Ley 407 alegan que, «ya que el Canal revirtió a manos panameñas y desaparecieron las bases militares y la Zona del Canal, ¿Para qué seguir con el curso de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos?». Claro, desde el punto de vista de quiénes están sacando provecho privado de una soberanía conseguida con la lucha colectiva y generacional del pueblo panameño: ¿Qué sentido tiene enseñarles a los jóvenes del siglo XXI que, si hoy pueden pasear por Amador o Balboa sin que se los impide un soldado yanqui, es gracias al sacrificio de la juventud que no dudó en ofrecer el pecho descubierto a la metralla imperialista el 9 de Enero de 1964?
¿Qué sentido tiene, para los pelechadores cuyos padres y abuelos soñaban con convertir a Panamá en un «estado asociado» del imperialismo norteamericano, seguir enseñando que el pueblo y la juventud en 1958 y 59 marchó a la Zonal del Canal enarbolando la bandera panameña pese a los arrestos y la represión? ¿Para quienes privatizan y regalan, exoneradas de impuestos, a empresas multinacionales las instalaciones de Clayton, Howard y Albrook, qué lógica va a tener hablarles a las futuras generaciones de la Federación de Estudiantes de Panamá y el Movimiento Antibases de 1947? ¿Por qué razón la oligarquía financiera panameña, que ha convertido las áreas revertidas y el Canal en una «zona» (sin gringos) pero controlada por ellos, sin que sus presupuestos sean discutidos con la sociedad y de cuyas ganancias sólo se benefician los bancos y empresas constructoras de la «ampliación», por qué (repito) van a querer que se siga hablando del «Incidente de la Tajada de Sandía» y de las más de cien intervenciones militares norteamericanas en el Istmo, con su saldo de muertos y heridos?
Otros todavía más perversos, intentan enmascarar sus intenciones con alegatos pretendidamente académicos señalando que ese curso es reduccionista y no permite una visión «holística» de la historia de Panamá, por lo cual es mejor encapsular (en un bimestre) sus contenidos dentro de un curso general de historia que abarque desde la época prehispánica, la colonia, el periodo «departamental» (unión a Colombia) y la fase republicana. Todo ello con las tradicionales metodologías memorísticas de nombres y fechas, tan odiosas para los estudiantes que gritan que mejor los torturen con el Teorema de Pitágoras. Así sobrará más tiempo para cursos más importantes desde la epistemología neoliberal, como inglés y computación, salpicados de rudimentos de gramática española y matemáticas elementales. Sin esos molestos profesores con pretensiones subversivas y dirigentes magisteriales, a quienes la ministra del «Opus Dei» se está encargando de botar, con una sonrisa en los labios. Hay que reconocer que la mujer no sabrá un ápice de pedagogía, pero sí de relaciones públicas aprendida en una universidad chilena, bajo el reinado de Pinochet y puesta en práctica por muchos años de trabajo para los dueños de Telemetro y TVN.
Es que, como diría nuestro maestro de epistemología del Doctorado en Humanidades, Jorge Núñez, la epistemología y por extensión la pedagogía, no nacen de la cabeza de ningún genio metodólogo o pedagogo, sino que hunden sus raíces en motivaciones sociales y, por ende, políticas. Por eso es que tanto la Ley 407, como el conjunto de reformas educativas de la ministra Lucinda Molinar, responden a los intereses de los grupos empresariales que controlan el Estado panameño y que gobiernan, no para un proyecto de desarrollo nacional, sino para un proyecto antinacional (diría Ricaurte Soler), de entrega y sometimiento a los intereses del capital transnacional. Proyecto antinacional que se impuso, no por casualidad, con la Invasión de 20 de Diciembre de 1989.
El curso de «Relaciones de Panamá con los Estados Unidos» responde a otra lógica epistemológica. El profesor Luis Navas (cuyo hermano Juan fue uno de los mártires del 9 de Enero, herido por la soldadesca yanqui en Colón, y luego asesinado en 1967 por el DENI y el gobierno oligárquico de Marcos Robles) explicó la historia del curso ante una asamblea de docentes universitarios: propuesto por primera vez en 1951, por el historiador Castillero Pimentel, miembro de Frente Patriótico, organización que dirigió la lucha contra las bases militares en 1947. La idea fue retomada por otro de los dirigentes de aquel movimiento, Carlos Iván Zúñiga, en 1963. Para finalmente, ser aprobada en 1973, cuando el régimen del general Omar Torrijos adoptó su carácter nacionalista y el objetivo de forzar a Estados Unidos a negociar un tratado del canal que suplantara al impuesto en 1903. Durante 20 años el curso fue obligatorio para todos los estudiantes graduandos de educación media y a nivel universitario.
Treinta años de gobiernos neoliberales, que empezaron con el régimen de Manuel A. Noriega, y más de 20 años de «democracia» post invasión norteamericana, no pasan por gusto. Una de las tantas víctimas del neoliberalismo ha sido el curso de «Relaciones de Panamá con Estados Unidos», el cual ya se había ido eliminando sigilosamente (de 16 bachilleratos vigentes, sólo se da en 4; y en la Universidad de Panamá sólo se da en las carreras que no han modificado sus planes de estudio últimamente; no hablemos de las privadas, donde hace mucho no existe). De manera que, la Ley 407 quiere ser el tiro de gracia que remate el recuerdo de cómo se forjó esta pequeña nación resistiendo las intervenciones extranjeras que han pretendido apoderarse de su principal recurso, la posición geográfica.
Como bien señaló el sociólogo Marco Gandásegui en la referida asamblea de docentes universitarios: la lucha por la defensa del curso de Relaciones de Panamá con Estados Unidos, es una lucha ideológica. Y como tal lucha ideológica, agregamos nosotros, es una lucha social y política; una lucha entre quienes quieren inducirnos a una amnesia colectiva para imponernos un país sometido a intereses imperialistas, y quienes defendemos un proyecto nacional soberano e independiente, que heredamos de las generaciones que nos precedieron.
Por ello, los gremios docentes que salen a defender a sus dirigentes injustamente despedidos y que enfrentan un modelo de educación neoliberal; junto a los sindicatos, a los indígenas, a los estudiantes, a los campesinos y profesionales que confrontamos la autocracia neoliberal de Martinelli y su gobierno, debemos levantar, al lado de todas las demás demandas económicas, sociales y democráticas, la defensa de nuestra memoria histórica recogida en el curso de «Relaciones de Panamá con Estados Unidos».