TISA un atentado para la democracia y el desarrollo

El TISA ( Traide in Services Agreement) es un ´proyecto (acuerdo comercial) que representa básicamente los intereses del capital financiero de los EEUU que junto a la UNIÓN EUROPEA tienen la intención de avanzar en la liberalización de los servicios de los sectores como telecomunicaciones, financieros, las reglamentaciones nacionales y el comercio electrónico, teniendo además consecuencias en el desarrollo de políticas nacionales, compras públicas, educación y salud.

En los aspectos democráticos

Considerar las leyes y reglamentaciones establecidas democráticamente por gobiernos electos para proteger el interés público y general como obstáculos al comercio y al desarrollo de un país constituye una tergiversación del papel del gobierno.

Porqué el mercado no genera esos resultados es que existen leyes y reglamentaciones para proteger a los trabajadores, consumidores, pequeñas empresas y el medioambiente.

Se trata de un intento deliberado de privilegiar las ganancias de las empresas y países más ricos del mundo por encima de las necesidades de los trabajadores y el pueblo. El secretismo de los documentos durante la negociación de un tratado comercial vinculante y ejecutorio, es cuestionable y antidemocrático, es inadmisible en el marco de la construcción de una sociedad democrática. El secretismo está diseñado para forzar a los gobiernos a no rendir cuentas al parlamento y ciudadanos aún pasado los cinco años

después de firmado el acuerdo. En nuestro país le tocaría al gobierno del 2019 hacer frente a lo firmado a espaldas del pueblo.

Sobre las desregulación de los servicios, resolución de controversias y desarrollo.

El desarrollo está en peligro cuando los servicios esenciales como salud, suministro de agua y energía distribución postal, educación, transporte público y otros quedan expuestos en la medida que se prescinde del papel del gobierno en la prestación de servicios, eliminar las reglamentaciones y darles rienda suelta a las empresas transnacionales, colocándolas en igualdad de condiciones con cooperativas de trabajo, empresas públicas y nacionales. “todas las leyes y reglamentaciones diseñadas para cumplir objetivos normativos nacionales estarían sujetas a recibir el mismo trato que la nacional.

Se menciona cláusula de mantenimiento del Statu Quo, que significa que normativas nacionales presentes al tiempo de firmar el acuerdo no podrán ser extendidas posteriormente.

Ponemos como ejemplo la reclamación de los sectores populares sobre la necesidad de modificar algunos aspectos relacionados con la reglamentación del servicio de energía, esto no sería posible.

Los acuerdo van hasta los que puedan surgir posteriormente en cada sector, quiere decir que cualquier servicio nuevo quedaría sometido automáticamente a las obligaciones de acceso al mercado y trato nacional del TISA. Las compras estatales para el desarrollo nacional quedarían sujetas a la cláusula anterior. Las diferencias que se presenten entre empresas extranjeras y nacionales se resuelven en tribunales internacionales.

Es indignante que el TISA pretenda que los gobiernos no puedan recuperar y devolver servicios públicos a la órbita de la administración pública aunque se trate de privatizaciones de servicios fracasados. Y lo peor pretende desregular aún más los mercados financieros, pese a la reciente crisis financiera mundial.

Los aspectos de soberanía

Veamos la materia de desregulación con un ejemplo:

“Walmart adoptó la posición de que TISA debería prohibir las restricciones no solo al tamaño y horario de funcionamiento de las tiendas sino que también en materia de “ubicación geográfica” de las tiendas” Lo que atenta directamente con la zonificaciones urbanas y el ordenamiento territorial que compete a los gobiernos locales.

Hay otra cláusula que atenta con la soberanía ya que al desregular un tema si este fracasa no puede ser revertido.

Por lo tanto “Los acuerdos de inversión y comercio modernos no tienen tanto que ver con la eliminación de aranceles sino con la imposición de restricciones a las políticas que puedan reglamentar los gobiernos dentro de sus propias fronteras. Semejantes planteamientos deben ser presentados con honestidad a la población que se va a ver afectada, para que se genere un debate público, ya que tenemos derecho de expresarnos y de ser escuchados