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Con la llegada a la Presidencia de José Raúl Mulino, se ha intensificado la criminalización de la protesta y la judicialización de activistas sociales. Frente a ello, las organizaciones populares y sociales se mantienen en unidad y solidaridad con quienes sufren tales atropellos judiciales. Y con la marcha multitudinaria del pasado 20 de febrero, el pueblo panameño demostró en las calles que nada lo amedrentará ni hará retroceder y que seguirá luchando por un Panamá digno con justicia social, en defensa a la CSS y el sistema solidario, rechazando a esta reforma de ley 163 que es nefasta para todos los asegurados.
