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Uso de Medicamentos inseguros, es un RIESGO para todos.

La SALUD, fuente de vida para los seres humanos es comúnmente invalorada por aquellos que tienen las responsabilidades de garantizar la vida de sus ciudadanos, por medio de servicios de salud eficientes y  adquisición de medicamentos seguros. Tanto que muchas veces, se convierten en sus principales enemigos y por ende la población a la que juraron servir.

La DIRECCION DE FARMACIAS y DROGAS (DFD) del Ministerio de Salud (MINSA), es la responsable ante los panameños por su salud en materia de permisos y registros sanitarios de los medicamentos que circulan y se utilizan en nuestro país..

Cuando se creo la ley 1 del 10 de enero del 2001, sobre medicamentos y otros productos para el consumo humano, en su artículo 2 pto.6, indica: que se deben establecer los mecanismos que garanticen la calidad, seguridad y eficacia de los productos que se comercializan, fabriquen e importan al país y el artículo 6to., de la referida ley, creó la DFD.

La DFD, debe velar porque los  Decretos Ejecutivos y Resoluciones Administrativas que se dicten, sean para fortalecer nuestras normas sanitarias nunca para facilitar la flexibilización de sus regulaciones, en la expedición de los registros sanitarios, antes de su autorización para su ingreso y comercialización al país, en detrimento de la salud pública.

La fallida intención gubernamental de cambiar la actual ley de medicamentos condujo a la implementación de una estrategia dirigida, a que por medio de decretos ejecutivos y resoluciones administrativas desde el órgano ejecutivo, del propio MINSA y la DFD, se flexibilizaran las normas de Registros Sanitarios y se permitió el ingreso al país por medio de “PERMISOS ESPECIALES DE IMPORTACIÒN” ( mecanismo de no cumplimiento de normas sanitarias) a cientos de medicamentos que ponen en alto riesgo a la población de este país. Por una política de precios bajos y NUEVOS OFERTANTES ( privilegiados) en los actos públicos con medicamentos bajo cierta DUDAS de seguridad para la salud pública y que quizás, su motivación sean negocios oscuros.

No tenemos una efectiva Fármaco Vigilancia a nivel nacional, que le garantice a la población un registro real de las afectaciones secundarias que puede causar el medicamento que esta consumiendo por orden médica. Por la falta de cumplimiento de las responsabilidades sanitarias,  que debe cumplir la DFD y ante la ausencia de una dirección gerencial comprometida con la salud pública y más bien, se ha orientado en favorecer intereses a los comerciantes, jefes, distribuidores y fabricantes de medicamentos.

Hoy los panameños debemos estar realmente preocupados ante la situación que tenemos. Medicamentos que ingresan al país bajo permisos especiales de importación sin justificación más haya de lograr mejores precios (ganancias para quienes?) y nuevos actores en las licitaciones de precios en el sistema de salud público ( que no tienen que presentar intercambiabilidad en sus productos y con permisos especiales de importación).

Es necesario acotar, estos medicamentos también llegan a las farmacias privadas, y por ende nadie esta seguro, ni los pacientes o compradores privados, que pueden creer que a ellos no los afecta esta política de salud riesgosa en materia de medicamentos, impulsada y autorizada desde la DFD, con la total complicidad del MINSA a la cual pertenece.

Han transcurridos 6 años desde el envenenamiento masivo de panameños por el uso de insumos químicos para uso industrial en la producción de medicamentos, por  las faltas de cumplimientos de sus responsabilidades fiscalizadora, regulatoria y normalizadora de la DFD. Hoy  sigue dirigida con las mismas fallas gerenciales de aquellos años, que ningún panameño quiere recordar y mucho menos repetir: Todavía están sufriendo los familiares de los pacientes fallecidos y los cientos que aun están afectados.

Las autoridades del gobierno actual tienen la responsabilidad de detener esta situación de riesgo para todos, hacer los cambios que se necesitan y permitir que la DFD, tenga NUEVA DIRECCION GERENCIAL, para lograr mayor transparencia, credibilidad y confianza especialmente entre los pacientes o seguir optando por ser cómplices, de este atentado contra la salud pública en Panamá.

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