Seis ciudadanos panameños y víctimas del envenenamiento masivo (jarabe del dietilenglicol) acaban de demandar a España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Consideran que la justicia española archivó “con ostensible arbitrariedad” el caso de más de un centenar de fallecidos y mil afectados de distinta gravedad por tomar un jarabe para la tos distribuido gratuitamente en 2006 por la caja de seguro Social y contenía glicerina contaminada por dietilenglicol. La sustancia había sido exportada a Panamá por la empresa catalana Rasfer, que no ha asumido hasta ahora ninguna responsabilidad por lo sucedido.
Los orígenes del caso se remontan a 2003. La caja de seguro Social necesitaba 9.000 kilos de glicerina para uso farmacéutico. Adjudicó el encargo a una empresa del país, Medicom, que a su vez se puso en contacto con la intermediaria española Rasfer Internacional para hacerle el pedido. Rasfer, a su vez, compró la glicerina a una empresa china, Fortune Way, quien la adquirió de una fabricante de Hengxiang.
La caja de seguro social, que había pedido glicerina farmacológica, acabó recibiendo una no apta para el consumo humano que contenía dietilenglicol, una sustancia tóxica y elaboró con ella un jarabe para la tos que repartió a beneficiarios y que causó fallos renales, vómitos, lesiones hepáticas, pancreáticas, parálisis… Hubo casi mil afectados y al menos 170 personas fallecidos registrados que fuero sometidos a campo de pruebas dando positivo con el mortal químico.
Las víctimas de este hecho creen que la justicia española no ha llevado a cabo indagaciones mínimas y afirman que España ha vulnerado dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 2 (derecho a la vida y a la integridad física) y el 6.1 (derecho a un proceso equitativo).
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