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En el Ecuentro sindical de nuestra América (ESNA) tuvimos la oportunidad de entrevistar a Javier Perez delegado de España que fue invitado a este encuentro y nos hablo de la situación de su país y el fuerte crecimiento económico de los últimos años no ha sido capaz de reducir las tasas de pobreza por debajo de la media europea, y ha configurado un mercado de trabajo, un modelo productivo y un modelo social muy vulnerables a los cambios de ciclo y que ha saltado hecho añicos al estallar la crisis.
La crisis económica ha agudizado la pobreza de las personas con empleo, con diferente impacto en función de las desigualdades laborales previamente existentes. Como consecuencia de la crisis (y amparándose en ésta), se está produciendo una fuerte presión a la baja de las condiciones laborales de la población trabajadora. La fuerte precariedad del empleo, que sigue siendo una característica del mercado de trabajo en España, la reducción de los salarios o la prolongación de la jornada de trabajo son algunos de los elementos que ponen de relieve esta tendencia.
La reforma laboral decretada recientemente supone un fuerte recorte de derechos laborales y sociales. Se configura así, un nuevo marco de derecho laboral que permite ahondar en el riesgo de pobreza de los trabajadores y las trabajadoras, sobreendeudados en un contexto de alza de los precios de los productos más básicos.
El empobrecimiento de los trabajadores no es homogéneo. El trabajo por cuenta ajena, la temporalidad, la inestabilidad y la parcialidad son condiciones laborales que se encuentran asociadas a mayor nivel de riesgo de pobreza.
La calidad de los servicios públicos y el desmantelamiento del Estado del Bienestar inciden negativamente en la situación de pobreza de los trabajadores y trabajadoras. Las diversas medidas que se están llevando a cabo en los últimos años están suponiendo pasos firmes hacia el desmantelamiento del sector público, y la mercantilización total o parcial de gran parte de los servicios asociados a él, lo que los hará inaccesibles para los grupos sociales más vulnerables, profundizando así en la situación de riesgo de pobreza.
Los diferentes recortes implicarán la vuelta de las mujeres a las labores de cuidado en el hogar. El coste de oportunidad de participar en un mercado de trabajo especialmente precarizado para ellas, la supresión de la educación infantil pública así como las becas de comedor, los recortes en la atención a la dependencia, el incremento de la carga de trabajo reproductivo para compensar los bajos ingresos salariales, apuntan a ello.
Los problemas económicos de los hogares pueden agudizar el problema demográfico en España. Las dificultades de las familias hacen preveer un descenso aún más marcado de la natalidad, y con ello un envejecimiento creciente de la población en España, lo que puede dificultar la sostenibilidad económica de la protección social de jubilación.
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